dissabte, 6 de juliol de 2013

Mursi, Mubarak, revolucionarios y militares


Articulo publicado en Berria:
Primero fue Mubarak. Ahora ha sido Mursi. En dos años y medio Egipto ha vivido lo que parecía impensable pocos años atrás y ha depuesto, con el claro apoyo popular y la innegable colaboración militar, dos jefes de estado agarrados a su silla. Entre el 11 de febrero de 2011 y el 3 de julio de 2013 corren cerca de 29 meses de tortuosa transición egipcia.

Dejando de lado que técnicamente Mubarak dimitió y que Mursi ha sido oficialmente depuesto, los dos anuncios llegan con el apoyo de una calle que parece entregada a las fuerzas armadas. Estas han jugado un papel clave en los dos cambios presidenciales y han dejado claro quién marca la hoja de ruta de la transición egipcia. Ahora, como ya sucedió en 2011, la calle parece confiar en las buenas voluntades de las fuerzas armadas, a pesar de que la experiencia de gobierno militar transicional vivida durante 18 meses dio lugar a un gobierno errático, que incumplió sus promesas repetidamente y reprimió con fuerza todo movimiento popular.
Mientras Mubarak basó su legitimidad en la estabilidad conseguida bajo 30 años de gobierno de hierro, Mursi la reivindica a través de las urnas. Una legitimidad conseguida en unas tortuosas elecciones en las que solo consiguió vencer per un pírrico 1'7% de los votos que luego ha dilapidado con un gobierno despótico que no ha sabido tejer puentes con el resto de fuerzas políticas y sociales. Obvió las promesas hechas a los revolucionarios de crear un gobierno de coalición, ignoró el consenso en la aprobación de la constitución y no dudó en perseguir judicialmente y calificar de matones, como hacía Mubarak, a todo aquél que se le opusiera.
Pero tanto la caída de Mubarak como la de Mursi refuerzan el ya de por si omnipresente poder militar. En 2011 se aliaban con quién consideraron el costado fuerte, los Hermanos Musulmanes, mientras ahora han querido dejar atrás los comunicados castrenses con olor a neftalina intentando escenificar un mayor consenso. Con la puesta en escena del comunicado han pretendido visibilizar públicamente una mayor legitimidad del golpe incluyendo a fuerzas políticas, religiosas y juveniles de oposición que habrían consensuado el texto con ellos. Junto al-Sisi, durante la lectura de la hoja de ruta castrense, se encontraban gente como el diplomático Baradei, cabecilla de la oposición, los líderes de la iglesia copta y la institución islámica de Al-Azahar o los jóvenes de Tamarrod responsables de las ultimas movilizaciones contra Mursi. Incluso representantes del partido salafista Nour, segunda fuerza del disuelto parlamento y que argumentaron el riesgo de guerra civil, tomaron parte de la ceremonia escenificando una vez más la ruptura de la falsa dicotomía islamismo-laicismo profesada por muchos analistas. Pero esta escenificación no esconde que los militares han situado como presidente a un casi desconocido juez que de lo poco que sabemos es que fue asesor del gobierno saudita y que fue clave para que el mubarakista Ahmed Shafiq estuviera en la urnas presidenciales del año pasado contra, precisamente, Mohamed Mursi. Pese a las esperanzas de la calle, el nuevo presidente podría fácilmente volver a ser un títere en manos de la junta.
Las protestas populares también tienen una composición distinta. Mucho menos ideológica que la de enero de 2011, en la que el grito de Pan, libertad y justicia social lideraba las marchas, la actual combinación de jóvenes revolucionarios, seculares convencidos y nostálgicos del antiguo régimen han marcado las masivas movilizaciones de los últimos días. No solo el ejército sale reforzado, también la policía, quién en 2011 fuera el blanco de las iras y que ahora ha jugado un papel pro-activo por la caída del presidente islamista. La razia policial iniciada con el cierre de 3 canales de televisión pro-islamistas, la entrada en el estudio de Al Jazeera, la detención de cerca de 40 líderes de la hermandad o la prohibición de viaje a 270 más podría ser el inicio de una época de venganza que el ejército ya ha negado que vaya a tener lugar.
Y es que el entusiasmo con el que la junta militar ha afrontado una y otra situación es claramente distinta. En 2011 tardó 18 días en forzar la salida de Mubarak mientras no se cansó de pedir a los manifestantes que volvieran a sus casas. En julio de 2013 no tardó ni un día en dar un ultimátum de 48 horas al presidente, mientras difundía espectaculares imágenes aéreas de las movilizaciones grabadas desde sus helicópteros y daba estratosféricas cifras de participación a los corresponsales extranjeros. La entrada en juego del ejército aunque sirva para deponer un presidente que abusó de su poder, no garantiza que las demandas lanzadas a la calle en enero de 2011 vayan a ser escuchadas. Al menos no lo demostró en el pasado. Ahora vuelve a tener la riendas para ver qué margen dará a los sectores revolucionarios. O si, por contra, vuelve a abrazarse a un sector mubarakista crecido por la caída de su antagonista histórico.

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