En vez de intentar silenciar las reivindicaciones legítimas de trabajadores que se enfrentan a enormes penurias, los gobiernos de la región deberían respetar plenamente sus obligaciones internacionales en materia de derechos laborales, respecto a los cuales contrajeron libremente compromisos vinculantes.
La situación económica en varios países de Oriente Medio se ha venido deteriorando a lo largo de los tres últimos meses, al tiempo que se observa un incremento alarmante en la represión de la actividad sindical independiente con gobiernos que reaccionan con la fuerza ante reivindicaciones para una mejor protección de los ingresos y para disponer de cierta seguridad laboral.
En Marruecos se produjo un fraude electoral masivo durante las elecciones nacionales de empleados-representantes con el objetivo de excluir a los sindicatos de futuras negociaciones sobre salarios y condiciones laborales. Otras formas de acciones antisindicales incluyeron despidos de representantes sindicales en el lugar del trabajo.
En Túnez, los trabajadores y desempleados que participaron en las manifestaciones de julio de 2008, en Gafsa, siguen en prisión a pesar del apoyo internacional a los esfuerzos de la central sindical nacional, CGTT, para conseguir su liberación. Se prohibió la cobertura mediática de las manifestaciones – un periodista que publicó imágenes de las mismas fue condenado a seis años de cárcel. Además, las autoridades tunecinas apoyaron la celebración, el 15 de agosto, de un “Congreso extraordinario” de periodistas progubernamentales que intentaron deponer al líder del sindicato nacional de periodistas, el SNJT, que había sido elegido en enero de 2008. La campaña del gobierno para desestabilizar el sindicato fue lanzada en respuesta a un informe del SNJT en el que se criticaba la falta de libertad de prensa en el país.
En Egipto, una serie de manifestaciones a favor de los derechos de los trabajadores y en contra de los despidos masivos y los cierres de fábricas, se toparon con reacciones de brutalidad extrema por parte de la policía. A pesar del reconocimiento, a principios de este año, del primer sindicato sectorial independiente, RETA, que cuenta con unos 50.000 miembros en los servicios fiscales, las autoridades han intentado forzar a los trabajadores a que se unan a la central sindical oficial, y transfirió el control del fondo de la Seguridad Social de los miembros de RETA a la central oficial. Los trabajadores y trabajadoras afectados respondieron con el lanzamiento de una huelga y exigiendo respeto por la independencia sindical.
En Jordania, la violenta represión policial que sufrió el 3 de agosto la mano de obra en el puerto de Aqaba, cuando solicitaba mejores salarios, es un flagrante ejemplo de la denegación de los derechos sindicales. Al mismo tiempo, el Comité Económico y Social del gobierno, recientemente establecido, no ha logrado convencer a los sindicatos jordanos de que las autoridades se toman las negociaciones y el diálogo social en serio.
En Irak el gobierno sigue imponiendo leyes antisindicales de la época de Saddam Hussein, en particular la famosa Ley 150 que prohíbe la presencia de sindicatos en los sectores de empleo público y semi-público; y los casos de injerencia en las actividades sindicales legítimas están aumentando. Repetidas circulares por parte de los Ministros del Gobierno a empresas afiliadas a los diversos Ministerios aconsejan específicamente a los empleados que “eviten el trato con” diferentes sindicatos.
Las autoridades iraníes siguen reprimiendo toda actividad sindical independiente, con el arresto y malos tratos a muchos trabajadores, incluido un grupo de ellos que participó en manifestaciones en torno a los impugnados resultados de las elecciones presidenciales. Tras quedar rotundamente prohibida cualquier cobertura mediática de las manifestaciones, las oficinas de la Iranian Journalists Association fue acordonada el pasado mes por las autoridades.
“En vez de intentar silenciar las reivindicaciones legítimas de trabajadores que se enfrentan a enormes penurias, los gobiernos de la región deberían respetar plenamente sus obligaciones internacionales en materia de derechos laborales, respecto a los cuales contrajeron libremente compromisos vinculantes. No pueden ignorar las graves repercusiones que está teniendo la crisis económica, sobre todo teniendo en cuenta que ya se han perdido millones de puestos de trabajo. Estas acciones antisindicales son contraproducentes, y no hacen más que incrementar las tensiones en los países de Oriente Medio”, dijo Guy Ryder, Secretario General de la CSI.
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