dijous, 22 de desembre de 2011

El Ejército egipcio continúa con los juicios y la represión en las calles

Artículo publicado originalmente en Diagonal Periòdico
El 13 de diciembre el polémico nuevo primer ministro egipcio, Kamal el Ganzouri, anunciaba que más de 20.000 presos políticos habían sido liberados de las prisiones egipcias desde la caída de Mubarak. Afirmaba que sólo quedaban 68 personas en las prisiones, trece con sentencias de muerte, y aunque no dejaba claro cuál sería el futuro de estos casos, daba casi por acabada la persecución judicial y policial a los delitos políticos.

En rueda de prensa, el Ganzouri señalaba de forma tajante que ya no hay casos de delitos de opinión entre los juzgados por tribunales militares, (sólo condenados por delitos criminales), y desafiaba públicamente a que se le presentasen tales casos si alguien pensaba que existían. Tan solo 24 horas después, un tribunal militar condenaba al ciberactivista Maikel Nabil a dos años de prisión y el pago de 200 libras por un escrito en un blog de internet.

En el post, publicado bajo el titulo “El Ejército y el pueblo nunca fueron una sola mano”, Nabil exponía públicamente que el Ejército suministró armamento a la policía para que reprimiese las manifestaciones de enero contra el régimen de Hosni Mubarak.

La nueva sentencia, en respuesta a una apelación que su familia presentó a otra condena previa que pedía para el bloguero tres años, llega después de cinco aplazamientos y en medio de la huelga de hambre que el activista, copto [de religión cristiana] e insumiso militar, mantiene desde hace más de cien días.

Durante el ayuno, en un intento de los militares de atacar a Nabil públicamente, el joven fue trasladado a un manicomio, pese a que todos los informes ratificaban su plena integridad mental y emocional. Según la última sentencia militar “no tiene que ver con la libertad de opinión y expresión, sino con los delitos de insulto y difamación hacia las Fuerzas Armadas”.

El caso de Maikel Nabil es uno entre los más de 12.000 casos de civiles que han sido juzgados por tribunales militares desde la caída de Mubarak en febrero. Unas cifras muy superiores a los juicios del mismo tipo celebrados en los 30 años anteriores, y que han provocado una gran movilización popular para poner freno a unos juicios considerados políticos.

La campaña ‘No a los juicios militares’ ha sido una de las más activas de los últimos meses y ha tratado de deslegitimar la figura del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. Además, la presión popular en las calles de todo Egipto contra el poder militar de finales de noviembre forzó que muchos de estos casos pasaran a la justicia ordinaria. Las cifras oficiales señalan que 4.600 casos fueron transferidos, aunque son datos no corroborados por las organizaciones de derechos humanos.

Eso es lo que ha ocurrido con las decenas de manifestantes acusados de instigar los enfrentamientos contra el Ejército en los conocidos como hechos de Maspero: el 9 de octubre, al menos 23 personas murieron al finalizar una manifestación por los derechos de la comunidad copta. Uno de los acusados fue Mina Daniel, pese a que su nombre se encuentra entre los de las decenas de víctimas de ese día.

También se acusa a Alaa Abd el Fattah, cuyo rostro se ha convertido en un símbolo de la lucha contra los juicios militares en el país. Abd el Fattah es hijo de una importante familia de activistas egipcios y se encuentra desde hace casi dos meses en prisión preventiva.

Recientemente se le han retirado los cargos por manifestación y concentración ilegal que pesaban sobre él pero se mantienen el de robo de armamento y destrucción de bienes militares. Los organizadores de la campaña contra los juicios militares han denunciado asaltos y el robo de los teléfonos con los que están realizando la campaña.

Vuelven los enfrentamientos

Por otra parte, mientras tenía lugar el recuento de votos de la segunda ronda electoral, los enfrentamientos entre revolucionarios y fuerzas de seguridad volvían a estallar en las calles de El Cairo. Diez muertos y más de 700 heridos fue el resultado de un nuevo estallido de violencia, esta vez frente a la sede del Consejo de Ministros, en el que centenares de activistas mantenían, desde hacía tres semanas, una protesta para impedir la toma de poder del nuevo Gobierno.

Los militares han tratado de desmentir lo que prueban centenares de videos y fotografías. Mantienen que no hubo intento de desalojar la protesta y que no usaron armamento contra los manifestantes, haciendo incluso ver que la gente vestida de civil que lanzaba piedras y cócteles molotov contra los manifestantes nada tenía que ver con ellos. Al cierre de esta edición aún se registraban fuertes enfrentamientos entre soldados y manifestantes, mientras se organizabanmarchas fúnebres por los jóvenes asesinados.

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