dijous, 14 d’abril del 2011

La revolución traicionada

Olga Rodríguez, des del Caire i per a El Público, ens escriu:

"Egipto vuelve a ser escenario de arrestos arbitrarios, abusos y tensiones que están enturbiando cada vez más las relaciones entre el Ejército y las fuerzas revolucionarias, hasta el punto de que decenas de miles de personas se reunieron el viernes 8 de abril en la plaza Tahrir para pedir la dimisión del Consejo militar.

Horas después se produjeron las dos primeras víctimas mortales después de la caída de Mubarak, cuando fuerzas militares especiales tomaron el centro de El Cairo empleando armas de fuego y porras eléctricas. Detuvieron a 38 personas.

"Participábamos en una protesta pacífica y, de hecho, cuando vimos llegar a los militares empezamos a gritar ¡Paz!', pero no sirvió de nada. Cuando me di cuenta, estaban atacándonos y después me llevaron a la cárcel", ha relatado a este diario el joven Aser Abdel Ghany. Esta semana se ha producido otro episodio que ha indignado a los activistas: Mikel Nabil, bloguero crítico con el Ejército, ha sido condenado por un tribunal militar a tres años de prisión. Es el primer castigo de conciencia de esta nueva etapa.

"Estamos ante un riesgo de contrarrevolución", ha lamentado el afamado novelista egipcio Alaa Aswany. Su advertencia es compartida por todas las agrupaciones revolucionarias.


"El Consejo militar está integrado por los generales de Mubarak", señala a Público el economista y bloguero socialista Hosam el Hamalawy (arabawy.org), quien, con su impecable inglés, se ha convertido en uno de los rostros más internacionales de la revolución.

"El partido del régimen se está reorganizando y buena parte de los torturadores y criminales de la antigua Policía secreta han sido recolocados en la nueva agencia de seguridad o en el Ministerio del interior. ¡El oficial que ordenó mi arresto en el año 2000 tiene un nuevo puesto!", afirma El Hamalawy.

A la represión se añaden algunas medidas políticas que han aumentado el malestar. El Gobierno interino ha anunciado una ley que castigará con una multa de 65.000 euros y hasta un año de cárcel a quien participe en protestas que "entorpezcan su trabajo". Y ha aprobado otra ley que eleva de 1.500 a 5.000 los miembros necesarios repartidos por varias provincias para crear un nuevo partido político.

(...)

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